La prioridad del Gobierno Bolivariano ha sido garantizar condiciones seguras para las familias que huyen del conflicto paramilitar, en especial mujeres, niños y ancianos.

La cifra de desplazados colombianos que han cruzado la frontera hacia Venezuela continúa en aumento, superando ya las 1.000 personas tras el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo, provincia colombiana de Norte de Santander.

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El Gobierno Bolivariano, «fiel a su compromiso con la solidaridad y la protección de los derechos humanos», ha intensificado su respuesta humanitaria a través de la activación de un corredor humanitario en Casigua el Cubo.

Desde este domingo ha sido activada además la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que ya ha establecido cuatro puntos de atención para brindar asistencia integral a las personas afectadas por la violencia.

En estos puntos los desplazados reciben atención médica, alimentos, refugio digno y apoyo psicosocial. La prioridad del Gobierno ha sido garantizar condiciones seguras para las familias que huyen del conflicto armado, en especial mujeres, niños y ancianos.

La región de Catatumbo ha estado históricamente marcada por ser epicentro de la violencia entre grupos armados que buscan el control de la producción de narcóticos y sus enfrentamientos han arriesgado las vidas de los residentes en muchas ocasiones.

Los enfrentamientos más recientes no solo han obligado a cientos de familias a desplazarse, sino que también han llevado al presidente colombiano Gustavo Petro a suspender los diálogos de paz con el ELN, lo cual deja en el aire los esfuerzos para una solución negociada al conflicto.

Con la llegada de más de 1.000 desplazados en solo tres días, el Gobierno Bolivariano ha demostrado su capacidad para responder de manera rápida y organizada, fortaleciendo su modelo de Diplomacia Bolivariana de Paz.

Además, se ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se aborden las causas estructurales del conflicto en Colombia y se garantice la protección de las víctimas.

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